09-04-2018 / Actualidad

"No puede quedar ni una hectárea sin producir"

La Ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, salió al cruce de un proyecto legislativo que propone duplicar el impuesto inmobiliario a productores que utilicen agroquímicos.



 

 

Campolitoral

campo@ellitoral.com

 

La Ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, debió aclarar públicamente su oposición a una iniciativa legislativa, presentada por un diputado oficialista, que propone castigar con más impuestos a productores que usen agroquímicos. Al respecto dijo que su gestión se enfocará en promover las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y en llevar tranquilidad a la población, en oposición a quienes, con un menaje infundado, promueven el miedo y le hacen “un grave daño a la sociedad en su conjunto”. Y tras defender el rol del productor, disparó: “vivimos en un país con 30% de pobres; no podemos darnos el lujo de dejar una sola hectárea sin producir”.

 

“Estoy en total desacuerdo”, sostuvo la funcionaria en declaraciones al programa ADN Rural de Rafaela, tras el ingreso en la Cámara Baja provincial de un proyecto del diputado Fabián “Palo” Oliver (UCR), por el cual los establecimientos agropecuarios que utilicen productos fitosanitarios sufrirían un recargo del 100% en el Impuesto Inmobiliario Rural.

 

Ciciliani dijo desconocer la iniciativa y explicó que -al momento de la consulta- ni siquiera lo había tratado con el gobernador, pero aún así ratificó su posición, a favor de la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para disminuir o impedir efectos negativos del uso de fitosanitarios en la salud de la población o el medioambiente. “Si no se entiende esto, desde la política, desde el Estado, realmente le estamos dando un mensaje muy equivocado a la sociedad”. También consideró que “los agroquímicos son cada vez más inocuos” y quienes lo desconocen “le están haciendo un grave daño a la sociedad en su conjunto” al “hablar mal o poner bajo sospecha a quienes son el motor productivo de nuestro país”.

 

El proyecto de Oliver cuenta con el apoyo de otros diputados provinciales como Rubén Giustinani (Igualdad y Participación) y Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y se presentó en el marco de un plan de incentivo a la producción agroecológica, que incluye otros dos proyectos: uno para darle un marco regulatorio a este tipo de prácticas y otro que propone una exención del 50% en el Inmobiliario Rural a quienes las lleven adelante. El tercero, se titula “Proyecto de recargo impositivo a inmuebles que utilicen productos fitosanitarios en la actividad productiva” y en su articulado plantea un aumento “del 100% sobre el impuesto inmobiliario” a los establecimientos situados en zonas rurales que utilicen agroquímicos.

 

Al darse a conocer la idea, inmediatamente desató el repudio generalizado en redes sociales. Especialmente entre productores y dirigentes del sector, como el caso de Ignacio Mántaras, secretario de Carsfe, que tuiteó: “Políticos que ignoran la realidad productiva de su provincia, con sesgos ideológicos peligrosos, pero que en definitiva logran lo que buscan, un buen titular en los medios para mendigar un lugar en futuras listas de elecciones”.

 

Tras las declaraciones de Ciciliani, el legislador usó la misma red social para hacer su descargo: “Es importante trabajar las buenas prácticas en la agricultura. Hemos presentados otras iniciativas de Ley en esa dirección pero, algunos creen que es suficiente controlar su aplicación y otros creemos que por más que se aplique correctamente, los agroquímicos contaminan”, tuiteó.

 

Al margen de la polémica, Ciciliani planteó en la entrevista radial la ineficacia práctica y fiscal de la propuesta de Oliver. “No tiene ningún impacto beneficioso para el Estado, porque no cambia en nada las finanzas públicas; y el productor, entre elegir pagar 100% de algo que no es demasiado elevado en al provincia y usar agroquímicos, que es racional, obviamente que va a seguir con la racionalidad”.

 

Sin embargo, para la ministra el mayor problema de la iniciativa, que en términos fiscales calificó de “mala”, es el “mensaje a la sociedad en su conjunto”, que consideró “equivocado”, porque “nos saca de un eje de discusión positivo”. En tal sentido abogó por una “regulación inteligente” para un uso controlado que garantice la salud de todos los actores vinculados (productores, operarios, comunidades rurales). Y, sobre todo, planteó la importancia del sector agropecuario para “crear riqueza” que se vuelca al resto de la sociedad. “Si no entendemos esa lógica común, donde estamos juntos en el mismo barco y damos desde la política mensajes confusos, estamos mal; tenemos que hablar de Buenas Prácticas”.

 

Tampoco dijo estar de acuerdo con las prohibiciones municipales que se redactan sin consultar a personas autorizadas (especialistas, técnicos o funcionarios provinciales y nacionales). Incluso lo planteó que uno de los ejes de su gestión será “generar un mensaje de tranquilidad y de Buenas Prácticas a la población”.

 

En esa línea, dijo, no sólo se pueden realizar acciones útiles de prevención, sino -sobre todo- “podemos elevar nuestra productividad”. Y, luego de indicar que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, remató: “vivimos en un país con 30% de pobres; no podemos darnos el lujo de dejar una sola hectárea sin producir”.

 



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