CampoLitoral
Edición del Sábado 10 de marzo de 2018

Inseguridad rural

Carsfe pide una lucha integral

Los ruralistas fueron recibidos por el Fiscal General de la Provincia y le solicitaron otro enfoque en el abordaje de los ilícitos que sufren los productores para que se consideren delitos complejos.

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Mano a mano. Jorge Baclini recibió, en la sede de la Fiscalía General del Ministerio Público de Acusación (MPA) en la ciudad de Santa Fe, a los dirigentes del sector. Foto: Gentileza

 

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El martes 20 de febrero el Fiscal General de la Provincia Jorge Baclini recibió, en la sede de la Fiscalía General del Ministerio Público de Acusación (MPA) en la ciudad de Santa Fe, a la dirigencia de CARSFE (Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe) a los fines de abordar diversos aspectos relativos a los hechos de inseguridad que acontecen en el ámbito rural.

En representación de CARSFE acudieron a la audiencia solicitada por dicha entidad su Presidente Carlos Castagnani, el Vicepresidente Mario Saliva, el Secretario Ignacio Mántaras, el Coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de la entidad Gerardo Vicentini y el integrante de dicha comisión Juan Manuel Arauz Castex, mientras que el Fiscal General estaba acompañado por el director de Legal y Técnica de la Fiscalía General, Fabián Álvarez.

Luego de la exposición de los objetivos y de algunos aspectos del diagnóstico de situación elaborados por la Comisión de Seguridad de la entidad ruralista, y de la explicación de la modalidad de trabajo de la misma, los dirigentes agropecuarios se pusieron a disposición para brindar sus aportes en las investigaciones relacionadas a delitos vinculados al campo.

Las partes acordaron desarrollar un trabajo conjunto en pos de mitigar la situación de inseguridad en las zonas rurales y evaluar acciones para controlar el delito en dicho ámbito y CARSFE hizo entrega al Fiscal General de un documento elaborado por la institución.

Bajo análisis

En el escrito, los ruralistas afirman que el sector padece una “importante cantidad de delitos que vienen golpeando duramente al tejido social agropecuario”, razón por el cual decidieron conformar la comisión respectiva, en la que adoptaron un sistema de trabajo integral (Enfoque de Sistemas), ya que la seguridad rural es vista como un todo: desde la prevención del delito hasta la sentencia condenatoria de los imputados y la contención y el resarcimiento económico de la víctima. Bajo esta perspectiva, consideran al Ministerio Público de la Acusación (MPA) como un sub-sistema y plantearon una serie de aspectos “que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de fijar la “Política de Criminalidad” para el sector rural”.

En primer lugar advirtieron que el enfoque que las autoridades dan a los delitos rurales, en su Plan de Persecución Penal Democrática, se basan en “delitos contra la propiedad (hurtos y robos)”. Sin embargo, los productores afirman que las implicancias son mucho más amplias, por lo que se trata de un “delito complejo”. Porque -por ejemplo- afecta el entramado social de los pueblos del interior, generando un éxodo hacia las ciudades, donde se engrosan los cinturones de pobreza.

“La inseguridad es un tema transversal a todos los ministerios respecto de sus políticas orientadas al sector”, afirman, y agregan que se precisa un “cambio de paradigma” para que los esfuerzos públicos rindan frutos en la combate al delito rural. “El planteamos (al Fiscal General) un cambio de visión en el proceder y la búsqueda de una condena; aunque no sea la cárcel pero sí con sentencia firme”, explicó Vicentini.

En el documento enumeraron que no es posible recomponer los sistemas productivos destruidos sin realizar modelos de inversión y radicación de personas en el territorio, cuyos primeros resultados podrán verse en 5 a 10 años; pero que “nadie va a vivir en el agro en la medida que exista la posibilidad que pueda ser saqueado, violentado o asesinado”. Por lo tanto, la inseguridad es -sostienen- “sinónimo de desánimo, desinversión, desarraigo, destrucción del tejido social agropecuario y abandono de la cultura del trabajo”. Incluso los ruralistas denuncian que “los delitos rurales se encuentran enmarcados bajo la estructura de organizaciones criminales que operan en el territorio con algún tipo de protección que les garanticen reducir el producto robado” (el caso más sensible es la comercialización clandestina de carne obtenida del abigeato).

Las carneadas no cesan

En la madrugada del lunes 5 de marzo, un productor de San Carlos comunicó a Carsfe la faena de un animal por parte de desconocidos. “Hoy a la madruga en un campo que alquilamos sobre la autovía 19, de la Guillermo Lehman al este, pero de la mano norte de la autovía”, describió el damnificado en un mensaje de texto. Y agregó: “arrimaron al portón y a 10 metros mataron un ternero de unos 280 kilos. A las 8,30 hs todavía estaba caliente el cuerpo del animal”. El productor acompañó la denuncia con imágenes en las que se observa que el animal fue despojado únicamente de sus cuartos delanteros y traseros.

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