Mañana se instalará frente a la oficina de Martín Guzmán una manifestación de la Federación Argentina Sindical, del Petróleo, Gas y Biocombustibles, en reclamo de los miles de puestos de trabajo que peligran por el abandono estatal al sector. La semana pasada las empresas enviaron cartas documento con un ultimátum, antes de pasar la acción judicial.
Empleados de las empresas de biocombustibles se plegaron al reclamo que vienen realizando sus patrones al gobierno nacional por una urgente recomposición del precio del biodiesel y el bioetanol, congelados desde hace un año mientras los costos se incrementaron al ritmo de la suba de las commodities y la devaluación.
Según trascendió en las últimas horas, unos 300 integrantes de la Federación Argentina Sindical, del Petróleo, Gas y Biocombustibles concurrirán mañana al Ministerio de Economía de la Nación, donde presentarán un petitorio para que el gobierno nacional: Instrumente los mecanismos necesarios para definir un esquema rentable para las empresas y reactivar el sector de biocombustible; se genere un ámbito de diálogo tripartito institucionalizado con participación de todos los actores involucrados en la problemática; y se diseñe un plan integral con participación activa de los trabajadores en defensa del empleo.
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El escrito se ingresará a la Secretaría de Energía, que conduce Sergio Martínez, en sintonía con unas 30 cartas documento que emitieron la semana pasada la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel y bioetanol que existen en el país, solicitando en un plazo no mayor a 48hs que "proceda a publicar de modo mensual el precio de la tonelada" de ambos biocombustibles.
El texto que redactaron las firmas recuerda que en el transcurso del año 2020 "sólo existió un aumento irrazonable, arbitrario, discriminatorio e ilegal del 10%, no habiéndose publicado tampoco precio alguno para noviembre y diciembre del corriente año". Cabe señalar que la ley de biocombustibles estipula que el gobierno nacional debe publicar cada mes el precio de venta del producto con el cual se debe realizar el corte obligatorio de los combustibles fósiles, a partir de una fórmula que contempla la evolución de los costos, entre otros aspectos.
Hasta la última actualización, publicada a principios de octubre, rigieron los valores fijados a fines de 2019. "Vuestra cartera publicó esta última recomposición del 10% a sabiendas que la misma, además de lo expuesto anteriormente, no resultaba suficiente siquiera para cubrir la compra de la materia prima y demás insumos básicos, y que ninguna empresa del sector iba a poder volver a operar con el mismo, resultando las petroleras las únicas y exclusivas beneficiarias de este aumento ya que pudieron trasladar el mismo al surtidor sin tener que comprar volumen alguno de biodiesel", acusan las empresas en la carta documento. Y agregan que este incumplimiento, además de violar la ley 26.093, "tornó financiera y económicamente inviable la continuidad de nuestra empresa, llevándola a la suspensión de sus actividades desde hace más de 5 meses, y a una situación de quebranto y crisis terminal por causas imputables a vuestra Secretaría".
Como ultimátum, el modelo de documento utilizado por las 30 empresas sostiene que "en caso de persistir con el incumplimiento a la ley en los términos aquí referidos, nos veremos en la obligación de iniciar acción judiciales, como lo están haciendo otras empresas enmarcadas en la ley 26.093, con medidas cautelares favorables; y obtener por vía judicial el reconocimiento de los derechos que esa Secretaría de modo arbitrario, ilegal y discriminatorio nos está cercenando".
La nota que presentarán mañana los obreros del sector, manifestación mediante, advierte que las empresas del sector "atraviesan una crisis de enorme magnitud, poniendo en riesgo la continuidad laboral de miles de trabajadores en todo el país". Incluso remarcan que, a pesar de haber recurrido en distintas oportunidades a la Secretaría, no lograron respuestas satisfactorias. Y advierten que "en los últimos meses la situación empeoró y no observamos un programa concreto por parte del gobierno nacional para dar una solución a la problemática de la industria, dejando a las empresas, en su mayoría pymes, al borde del cierre lo que ocasionaría una catástrofe laboral".
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