Transportistas santafesinos y un grupo de senadores provinciales ingresaron a la Legislatura un proyecto de ley que estipula medidas de alivio fiscal y administrativo, más apoyo financiero y subsidios para el sector. Por otra parte, la Federación de Transportadores Rurales solicita medidas similares a aplicar en todos los niveles del Estado: municipal, provincial y nacional.
Juan Manuel Fernández | [email protected]
Uno de los efectos directos que tendrá el derrumbe de la cosecha argentina a causa de la sequía es, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, que no se realizarán 1,7 millones de viajes en camión, con el consecuente impacto en el sector del transporte automotor de cargas.
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A raíz de esta situación las cámaras de transporte de la provincia, más el Departamento Agroganadero de FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), trabajaron junto a los senadores departamentales Lisandro Enricco (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Felipe Michlig (San Cristóbal), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución) y Leonardo Diana (San Jerónimo) un proyecto de ley para declarar la "emergencia del sector de transporte de carga de productos agrícolas y animales vivos".
La iniciativa, que ingresó a la Cámara Alta el jueves 30 de marzo, plantea una duración de 12 meses para la emergencia y comprende a personas físicas o jurídicas que sean propietarios de camiones y acrediten actividad comercial.
Entre los principales beneficios, se propone diferimiento por un mínimo de 180 días en el pago intereses de Ingresos Brutos y Patente Única; exención del impuesto de sellos; exclusión de los regímenes de retención y/o percepción de impuestos provinciales; suspensión por 180 días de las acciones administrativas para el cobro de impuestos adeudados; otorgamiento de subsidios u otorgamiento de aportes no reintegrables con destino al mantenimiento de las unidades de carga o compra de combustible; y créditos con tasa subsidiada.
Por otra parte, desde la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), también solicitaron en un comunicado la emergencia para el sector del transporte de granos y la implementación de un plan estratégico que aporte "las herramientas necesarias" que permitan al sector sobrellevar la crisis.
FETRA propone medidas a ser adoptadas por los tres niveles del Estado. A municipios y comunas, solicitan "la implementación de políticas de protección del trabajo local para los transportistas de granos", así como propiciar espacios de diálogo "a los efectos de generar una instancia ante los posibles conflictos entre transportistas o transportistas y dadores de cargas". También el "diferimiento sin intereses de pago de deudas al menos por 12 meses" y "exonerar por el tiempo que dure la emergencia, de los derechos de registro de inspección y/o cualquier otro gravamen impuesto sobre estas empresas" a los transportistas; además de un descuento en la Tasa Municipal en los Municipios Portuarios.
A las provincias, la cámara solicita la exención de Ingresos Brutos y patentes durante el período de emergencia; el diferimiento de pago de deudas sin intereses y suspensión de ejecuciones mientras dure la emergencia; otorgamiento de subsidios o aportes no reintegrables y créditos con tasa subsidiada y período de espera "para comenzar a abonar las cuotas de 12 meses con el fin de que las pequeñas empresas puedan proceder al mantenimiento de los costos fijos y de reparación de las unidades".
Mientras que a la Nación, FETRA demanda la conformación de un Comité de Crisis con el fin de coordinar las políticas planteadas y hacer un seguimiento periódico de la situación. También la conformación de un Comité de Resolución de Conflictos "donde se pueda acudir ante la existencia de reclamos o conflicto de intereses entre dadores de cargas y transportistas".
En cuanto a medidas concretas, le piden al gobierno nacional: implementar un "sistema de información de cumplimiento de tarifa nacional" para anticiparse a posibles conflictos por "distorsiones del precio del flete"; reestructuración de deudas fiscales libres de interés por mora y suspensión de ejecuciones; subsidios o aportes no reintegrables; crédito a tasa subsidiada; asistencia tipo "REPRO" para sostener el pago de leyes sociales; subsidio para cumplir con requisitos obligatorios como RTO o trámites de RUTA; descuento en peajes nacionales; descuento en el precio del gasoil en estaciones de YPF; y descuentos en los seguros del Banco Nación.
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