Autoridades de Senasa instan a los productores ganaderos de esa provincia a sumarse y no politizar un programa que es estrictamente sanitario.
Las autoridades nacionales y regionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) manifestaron este viernes 13 de agosto su sorpresa por cierto rechazo a la norma nacional de Brucelosis en la provincia de Entre Ríos.
El desconcierto surgió tras conocerse ayer que el 70 por ciento de los productores de las principales provincias ganaderas de la Argentina ya cumplieron con la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los rodeos de reproducción, según datos oficiales.
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Así, a la fecha, el 70% de los productores con más de 300 vacas en la provincia de Buenos Aires ya han realizado la DOES y obtuvieron su estatus sanitario. En tanto que, en el resto de las principales provincias ganaderas del centro del país se alcanzó un cumplimiento de entre el 55% y el 70% del total de establecimientos con dichas características.
Dicha norma se origina en 2019 con la aprobación de la mesa de Brucelosis conformada en el Ministerio de Agroindustria, conducido en ese entonces por Luis Miguel Etchevehere, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, entrerrianos ambos y que contó con el aval de la Mesa Nacional de Carnes y todas las entidades representativas de los productores.
Asimismo, y con el afán de avanzar en el control de este flagelo que afecta a la salud de los trabajadores de la carne, veterinarios y empleados rurales, la actual conducción del Senasa flexibilizó la norma reduciendo el número de animales a ser sangrados. Esta última propuesta fue avalada por los representantes de las entidades en el Consejo Asesor del Senasa.
Por eso, las autoridades del Senasa llaman a la reflexión a todos los sectores de la cadena cárnica de Entre Ríos, pide tener una mirada estrictamente sanitaria y los invita a seguir el proceso que tan avanzado tienen otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, sólo por citar algunas de las más importantes en términos ganaderos que han completado más del 70 por ciento de adhesión al plan.
En ese marco, pidieron no poner en riesgo los mercados, en particular China, y especialmente que no pierdan la sensibilidad social por todo lo que significa esta enfermedad para la salud de los integrantes de la cadena, en particular los trabajadores.
Senasa recordó que, en concordancia con los anuncios que viene realizando desde la publicación de su Resolución N° 77/2021 en febrero de este año, a partir del 31 de julio los establecimientos ganaderos con hacienda superior a 300 vacas que no hayan presentado la DOES ante el Senasa, realizarán sus movimientos con destino a faena o remates feria con la leyenda "no Apto China", hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria.
Quienes quieran movilizar su hacienda con dicho destino de exportación, podrán gestionar la cumplimentación de este requisito a través de su veterinario acreditado, y/o requerir asesoramiento en la Mesa de ayuda del Plan de Brucelosis y en la oficina del Senasa correspondiente a su jurisdicción.
Por su parte, aquellos establecimientos que tienen hasta 300 vacas tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para efectuar las tareas diagnósticas.
A principios de 2021, el Senasa actualizó su Resolución 67/2019, la cual contó oportunamente con el aval pleno de la cadena de carnes y entidades representativas de la producción, y que estableció el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina.
Luego de sendas prórrogas, esta actualización ofreció cierta flexibilidad y una modalidad alternativa para realizar la DOES de manera estratificada y a través de un muestreo, para los rodeos de cría y ciclo completo, según lo acordado nuevamente entre todos los actores de la cadena cárnica.
El avance en el proceso de identificación de rodeos infectados y la eliminación de animales positivos, permitirá reducir la presencia de brucelosis bovina en el país, las pérdidas económicas asociadas y sobre todo, contribuir al resguardo de productores, veterinarios, trabajadores rurales y de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.
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