Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), que nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país, expresaron su adhesión al proyecto oficial, aunque solicitaron cambios a la propuesta original.
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Desde la entidad lamentaron primero estar excluidas "insólitamente" de la comercialización en el mercado interno desde hace 15 años; y expresan su apoyo general al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Sin embargo, solicitaron algunas modificaciones que consideran fundamentales.
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En ese sentido, expresaron la necesidad de atender algunos cambios presentados a los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados, al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, ya que "además, de incentivar la libre competencia, generarían más empleo, brindaría más competitividad y produciría un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero".
Reparación e ineficiencias
En un comunicado dado a conocer durante la semana, sostuvieron que esta ley "viene a reparar un mercado que funciona de un modo que no es eficiente". Y describieron que en el caso del biodiésel, "tenemos las plantas más eficientes del mundo, pero increíblemente no pueden vender al mercado doméstico, que se abastece con plantas más pequeñas y a mayores costos. Esto hace que exportemos el biodiésel más barato y consumamos el más caro". Ahí es donde encuentran fundamento en el proyecto del presidente Milei, y sostienen que quieren pasar de un esquema discrecional a uno de libre mercado.
"Esta es la oportunidad de hacerlo, y lo que estamos planteando es que se haga bien", expresó el presidente de la entidad, Luis Zubizarreta. "Entendemos que las plantas que ya existen quieran seguir funcionando, y de allí que haya un pequeño cupo para poder seguir abasteciéndolo, pero creemos que todo el volumen incremental tiene que ser en competencia, en beneficio de los consumidores y de la competitividad de nuestra economía", agregó.
Según manifestó Zubizarreta, "nos parece fundamental que la ley saga con el propósito inicial: que el flujo de competencia sea creciente, como sucede en todos los países normales del mundo, con el incentivo a bajar costos y a producir cada vez más barato para tener más combustible sustentable y a costos competitivos".
Los números del proyecto
En ese sentido, desde la Cámara argumentan que consideran prioritario fijar un aumento de corte obligatorio de biodiesel en gasoil del 15% (en lugar del 12.5% que propone el proyecto). "Entendemos que se debe aprobar ahora un cronograma de aumento del corte al 15% (B15) para el 2026, poniendo al país en convergencia técnica con otros países de la región, como Brasil".
Además, insistieron con el impacto de fondo: "alentamos que las modificaciones a la actual ley permitan la participación en el mercado de corte obligatorio de todos los actores de la cadena, fomentando la libre competencia y eliminando las distorsiones que actualmente existen en el mismo en perjuicio de los consumidores y de la competitividad de toda nuestra economía".
Marcos interevencionistas
No obstante esto, remarcaron que el proyecto actual "insiste en prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva ley".
Es más, manifestaron que si bien desean que Argentina tenga un mercado plenamente abierto a la libre competencia, entienden que el oficialismo busca una fórmula que permite por un tiempo mantenerlo relativamente intervenido. "Consideramos que el mercado intervenido no debe superar el 5% del corte obligatorio, en virtud que al día de la fecha el abastecimiento de empresas no integradas (las únicas autorizadas en los últimos 15 años a participar) está por debajo de ese porcentaje".
Por último, también expresaron su preocupación un artículo en particular. Se trata del 288, que incluye en su punto d: "En caso de que los precios adjudicados superen los precios internacionales de importación, calculados conforme índice internacionalmente reconocido, los vendedores de biocombustibles deberán vender al precio de importación vigente en cada momento".
Por eso, cerraron apelando a que "se debería dejar aclarado que los precios internacionales de importación a los que se refiere el artículo son los de biocombustibles idénticos a los que se comercialicen en las licitaciones en cuestión y que la temporalidad de la comparación se limite al momento de la licitación".
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