La Cámara alta votó una norma que dedica no menos de dos fiscales por cada región del Ministerio Público de la Acusación para enfrentar hechos como el abigeato, el robo de granos y los asaltos violentos.
Luis Rodrigo | [email protected]
Por unanimidad y con elogios del oficialismo a la oposición, la Cámara de Senadores votó por tercera vez un proyecto de ley para fortalecer la persecución penal de los delitos rurales. Un drama que no se limita ya solo al abigeato y el robo de granos, sino que también se extiende a los asaltos sobre los bienes de las viviendas, o los atracos a mano armada, en ocasiones violentos.
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El texto votado entre las preferencias fue impulsado nuevamente por el titular del Justicialismo, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). Contó con las firmas de senadores del oficialismo y con una intervención del presidente de la bancada oficialista mayoritaria, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), que felicitó al autor de la iniciativa.
La norma en cuestión crea la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, que tendrá como mínimo dos fiscales por cada una de las cinco Fiscalías Regionales y "funcionará según las disposiciones del fiscal general", cargo que hoy detenta la Dra. María Cecilia Vranicich.
La media sanción de este jueves 13 fue precedida por una extensa y rica reunión en el mismo recinto, realizada el miércoles 12, que contó con la participación de representantes de las entidades agropecuarias. Hubo relatos sobre la tranquilidad campera alterada y también una observación relevante: los dirigentes ruralistas no creen en las estadísticas existentes porque sencillamente no siempre hay denuncias, porque se suele pensar que llevarlas a la Justicia no produce efectos. Ahora habrá una unidad especial dedicada al tema, siempre que la cuestión avance en Diputados.
La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas se explayaron sobre la situación de inseguridad fuera de los ámbitos urbanos. El Senado ya votó en mayo de 2022 otra iniciativa similar y lo mismo sucedió en 2020. En ambos casos fracasó su tratamiento en Diputados.
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