Tras publicarse un nuevo precio para el biocombustible, sólo para los últimos 5 días del mes, las cámaras nacional y santafesinas de empresas bioenergéticas emitieron un durísimo comunicado. "Esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional", alertaron.
El malestar que causó entre las pymes bioenergéticas la publicación a destiempo del precio para el biodiesel se plasmó institucionalmente en un comunicado conjunto de las cámaras nacional y santafesina del sector, en el que acusan al gobierno de generar "la destrucción del aparato productivo" en el interior del país.
En durísimos términos, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) decidieron "denunciar" el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, que "una vez más, ha publicado un precio de venta del biodiesel para el mes de abril de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria".
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Con la firma del director ejecutivo de la cámara nacional Federico Martelli y de Juan Facciano, presidente de la entidad santafesina, las empresas encargadas de proveer a las petroleras para el corte obligatorio del gasoil con biodiesel aseguran que la Secretaría de Energía publicó un precio para el mes de abril sin considerar lo dispuesto por la ley 27.640, los costos reales que tiene la industria y a solo 5 días de la finalización del mes para el cual se determinó dicho precio (sin efecto retroactivo).
Como relató a Campolitoral el presidente de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz, días antes de conocerse la resolución 269/2023 que determinó en $294.430 la tonelada de biodiésel para el mes de abril, la titular de la cartera energética Flavia Royón les había prometido a los industriales santafesinos que el valor sería retroactivo y además se establecería un "sendero de precios" hasta agosto.
Por lo tanto, fue la inexistencia de estos aspectos en la nueva normativa lo que colmó la paciencia de la bioenergéticas. "Esta medida no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior del país, poniendo en riesgo la continuidad misma del régimen, atentando así contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional, la desconcentración económica mediante la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gas oil, y la preservación del ambiente y la salud", enumeraron en el comunicado.
Como conclusión, CEPREB y CASFER responsabilizan al Poder Ejecutivo Nacional por "los efectos negativos que, en materia social, ambiental y económica, está generando -deliberadamente- al no permitir al sector operar de manera previsible, sostenible y sustentable".
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