Tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace se opusieron, por considerar que afectaría el uso propio de los productores. En cambio, desde la restante opinaron que no causaría un perjuicio en tal sentido, pero sí un beneficio para la exportación.
Juan Manuel Fernández | [email protected]
La inclusión, en el proyecto "Ley de Bases…", de un artículo para que Argentina adhiera al convenio UPOV91 no sólo encendió alarmas entres los productores, sino que también dividó aguas entre las entidades que los representan. Mientras CRA, SRA y FAA se manifestaron conjuntamente en contra, desde Coninagro consideraron que no afectaría los intereses de los agricultores, pero sí podría favorecer negocios de exportación.
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La UPOV es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza) que se creó en 1961 con el objetivo de proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales. El convenio de 1991, entre otras cuestiones, plantea la posibilidad limitar el uso e intercambio de semillas por los agricultores, o sea el "uso propio", una cuestión garantizada en la actual legislación nacional y que siempre ha sido una frontera infranqueable al debatir una actualización de la Ley de Semillas.
En virtud de esto, el comunicado conjunto de las entidades destaca que la adhesión "implica entre otras cosas la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores". Por lo tanto, consideran que UPOV 91 "beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación".
Al respecto, critican que implica la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad. Incluso sostienen que en América Latina, solo Costa Rica y Perú lo han adoptado UPOV91, "mientras que ningún país de la región está adherido".
Pablo Ginestet, Coordinador de Comisión de Agricultura de CRA, declaró que el rechazo al artículo 241 en la "Ley Bases…" se fundamenta en que implicaría "meter este convenio por la ventana", en lugar de dar el debate correspondiente sobre la normativa actual, que consideró debe ser "actualizada y tener una mejora". Pero, advirtió, adherir a UPOV91 "cambia radicalmente la forma en que se podría discutir después la actualización de la Ley de semillas".
Según el ruralista, una nueva legislación debería "estar en equilibrio con los derechos de de todas las partes". Y admitió que quizás el uso propio, que "debe seguir estando", a lo sumo "tendrá que ser limitado y por un periodo acotado a lo mejor".
Pero debe seguir estando y es algo que hay que discutir en una nueva ley; y en todo caso adherir en una nueva ley a este marco con ya con las reglamentaciones hechas al respecto y no adherir así, como ahora se puso por la ventana sin dar una discusión previa entre todas las partes involucradas.
Otra visión planteó el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, quien consideró que "no habría ni perjuicios ni beneficios para el productor" con la adhesión a UPOV91, según el análisis técnico que realizaron en la entidad. "Lo venimos estudiando ya desde hace algún tiempo en Coninagro, junto a los técnicos que nos representan en el INASE; hoy lo analizamos más en detalle y la conclusión fue que no habría ni perjuicios ni beneficios para el productor; y por otra parte sí habría beneficios para acceder a mercados de exportación".
Por esta razón, dijo, "no quisimos sumarnos al comunicado, ya que en este momento no vemos razones para rechazar y sí para insistir en la necesidad de que se constituya el directorio del INASE, se hagan los controles e inspecciones con respecto al uso propio que la ley hoy vigente prevé, al efecto de salvaguardar justamente los derechos del pequeño y mediano productor en hacer el uso propio".
Laucirica dijo que esto ya fue oportunamente planteado al secretario Vilella. Y que, si bien las razones esgrimidas para la inclusión del tema en la ley ómnibus radican en el acceso a materiales genéticos y a los desarrollos que impliquen mayores rindes en la producción, "nosotros entendemos que esa mayor productividad y rindes requiere de más políticas públicas que promuevan la inversión, que de tecnologías de producción".
Incluso el dirigente consideró que "actualmente el paquete tecnológico disponible por los productores es de vanguardia".
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