Para Edgardo Motto, gerente de CASEM, la proliferación de la "bolsa blanca" acorraló al sector. Con solo un 16% de la soja proveniente de semilla fiscalizada, el país pierde competitividad y millones de dólares en ingresos, mientras que las inversiones en mejoramiento genético caen drásticamente. La reciente Resolución 245 del INASE busca combatir el problema, pero su efectividad aún está en duda.
Juan Manuel Fernández | [email protected]
El impacto de la "bolsa blanca" en la industria semillera argentina ha alcanzado niveles críticos, según Edgardo Motto, gerente de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM). La reciente Resolución 245 del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que obliga a los productores a presentar la factura original de la primera compra de semillas, busca poner fin a la comercialización ilegal de semillas. Sin embargo, Motto expresa dudas sobre su efectividad. "Tal vez sea un poco o demasiado optimista pensar que esta resolución terminará con la bolsa blanca", afirma, aunque reconoce que "con que logre combatirla, ya es un avance".
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La normativa establece que, además de presentar la factura, los productores deben declarar volúmenes de semilla acordes a la superficie sembrada, estableciendo para ello densidades promedio determinadas para cada especie dentro del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). "Hasta ahora, el SISA solicitaba información sobre la superficie y la variedad sembrada, y el INASE pedía la factura solo en caso de inconsistencias. Con la Resolución 245, se exige presentar la factura y demostrar cuántos kilos se guardaron para sembrar", explicó Motto. Estos valores, aunque no son exactos, rondan los 70 kg por hectárea en soja o los 110 kg en trigo.
Según el ejecutivo, el uso propio legal de semillas, permitido por la ley, ha derivado en un abuso que afecta gravemente a la industria. "Es necesario limitar el uso propio porque la ley no pone ningún límite, lo que ha llevado a cometer excesos en la guarda de semillas", aseguró. Esto, añadió, provocó que la industria de las autógamas esté "deteriorada, con grandes problemas y realmente en decadencia". Actualmente, solo el 16% de la soja sembrada proviene de semilla fiscalizada, mientras que el 84% restante se divide entre uso propio legal y bolsa blanca ilegal, una situación que ha perjudicado tanto a la industria como al país en su conjunto.
Para Motto, el impacto económico es evidente. "A nosotros nos afectó muchísimo la disminución en la venta de semilla fiscalizada a raíz de la bolsa blanca", dijo. Esta situación no solo ha reducido las ganancias de los obtentores y multiplicadores, sino que ha provocado una pérdida de inversión en mejoramiento genético. "Estamos muy retrasados y se nota. En los últimos años, la pérdida de ganancia genética ha sido significativa porque los obtentores, al no tener reconocimiento en la propiedad intelectual, invirtieron menos o se fueron del país". Como ejemplo, señala que en Brasil, donde los obtentores vuelcan al mercado los últimos desarrollos porque cuentan con un marco legal que les permite un retorno, los productores cosechan en promedio 7 quintales más por hectárea que en Argentina, lo que se traduce en millones de dólares que el país deja de percibir.
Motto advierte que el problema es grave y, aunque se han implementado algunos paliativos, estos no han solucionado la cuestión de fondo. "Es un círculo vicioso, que termina generando pérdida de empleo porque los semilleros venden cada vez menos semilla fiscalizada", subrayó. Asimismo, refutó el argumento de algunos productores que justifican el no invertir en semillas fiscalizadas por las retenciones que deben pagar. "Justamente es al revés; si se cuantifica la pérdida de rendimiento por menor ganancia genética, no es un ahorro de costos sino que es un costo mayor", enfatiza. Una semilla fiscalizada de calidad permite -aseguró- sembrar menores volúmenes por hectárea, lo que representa un ahorro directo que muchos productores no están considerando.
Finalmente, Motto recordó que la ley de semillas lleva más de 50 años sin una actualización que beneficie a todas las partes involucradas. "Lamentablemente, seguimos sin ponernos de acuerdo en consensuar algo que genere beneficios para todos", sostuvo, dejando en evidencia la necesidad urgente de un cambio en el marco regulatorio que permita salvar a una industria clave para la economía argentina.
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